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jueves, 9 de noviembre de 2023


GESTIONES CIUDADANAS Y GOBERNANZA

Por Esther Silvia Sánchez Barrios

Activista y defensora de los Derechos Ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular en la Ciudad de México.

El desinterés y la decepción ciudadana han invadido todos los ámbitos políticos de esta ciudad, causando que solo en épocas electorales la ciudadanía se interese con el trabajo político e institucional en términos generales, ocasionando un alejamiento de la ciudadanía con sus servidores públicos y sus representantes.

Solo basta ver la participación en la Ciudad de México, en el portal del Instituto Electoral de la Ciudad de México, del 70.41% para las elecciones de 2018 y del 52.18% para las elecciones de 2021, evidenciando que por lo menos el 29% de la población en la lista nominal no ha estado interesada en votar como mecanismo básico de participación ciudadana para elegir a sus representantes populares.

Esto es preocupante pues entre menos vigilancia y participación ciudadana, se da un margen amplio a los servidores públicos y a los representantes a realizar o tomar decisiones que no necesariamente reflejan los intereses o preocupaciones de la ciudadanía, y no solo eso, sino que debilitan el diálogo y la presencia ciudadana para impedir actos de corrupción.

Frente a esto ha sido una de mis prioridades crear mecanismos de mayor participación de la ciudadanía, con especial énfasis en los sectores históricamente mas vulnerados como son y siguen siendo la población de la diversidad sexual y los comerciantes del espacio público.  Algunas de las acciones que he realizado en el ámbito legislativo han sido el impulso por crear buzones ciudadanos que permitan canalizar las opiniones, dudas o argumentos ciudadanos en cada comisión, así como en el propio pleno del Congreso de la Ciudad de México.

Complementado por renovar el interés por crear parlamentos abiertos, como mecanismo para generar insumos y facilitar la participación de sectores sociales, para señalar y remarcar las urgentes necesidades que tienen, canalizando los temas como si estos fueran diputados por un día.

El trabajo dentro del Congreso de la Ciudad de México ha estado complementado por el núcleo de la diputación local, que muchos vecinos tuvieron el honor de darme, este núcleo es el trabajo territorial para fortalecer el tejido social y comunitario de la Alcaldía Cuauhtémoc.

La Alcaldía Cuauhtémoc es no solo el corazón de la capital, sino el ejemplo perfecto del contraste que existe en la Ciudad de México, muchos ciudadanos en especial de sectores populares sufren el abandono institucional para brindarles servicios básicos o solución a necesidades urgentes, causando una vulneración de sus derechos.

Frente a esto y gracias a la cercanía de los vecinos, hemos canalizado problemáticas como falta de poda, desazolve, reparación de banquetas o del asfalto, temas de vigilancia como cámaras del C5 o senderos seguros; primero como gestiones en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana y si no se soluciona la urgente necesidad hemos tenido que trabajarlo como exhorto a las instituciones atribuidas, con el acompañamiento de los vecinos.

Es por esto por lo que la cercanía con los vecinos es la base fundamental, pues esto nutre el trabajo en el congreso, manteniendo el diálogo y canalizando sus necesidades ya sea mediante gestiones, o insumos legislativos para puntos de acuerdo o la creación o modificación de leyes. Este contacto es una obligación de todos los representantes, pues así la ciudadanía nos guía sobre los temas que deben ser el centro del debate y del trabajo que realizamos, no al contrario pues es tarea de los representantes populares empoderar y acompañar a la ciudadanía para reducir los niveles de exclusión que viven en especial los sectores mas vulnerables.

Solo de esta manera se empodera a la ciudadanía y se rompe con el desinterés que sufren las instituciones, involucrando directamente a los ciudadanos, para que estos participen, pero igual vigilen lo que es de su interés, siendo los diputados locales agentes de cambio.

Este es el compromiso que se nos viene, crear mecanismos de participación y de diálogo con la ciudadanía, pero también motivando y tenido el tacto para traducir el trabajo legislativo en soluciones para la población.

 

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miércoles, 6 de septiembre de 2023



JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS EN TIEMPOS DE DESIGUALDAD

Por Esther Silvia Sánchez Barrios

Activista y defensora de los Derechos Ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular en la Ciudad de México

La desigualdad es un factor determinante de las percepciones del acceso a la justicia en nuestra ciudad ya que la pobreza extrema constituye un grave problema de derechos humanos por la intensidad en su afectación hacia el goce y al ejercicio de Derechos Humanos plenos.

Considerando que los derechos humanos son indivisibles e inalienables. La ONU ha puntualizado que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales generalmente trae aparejada una violación de los derechos civiles y políticos.

La discriminación estructural y exclusión social a la que están sometidos ciertos grupos en situación de pobreza y vulnerabilidad hacen ilusoria su participación ciudadana, su acceso a la justicia y al disfrute efectivo de sus derechos.

La pandemia vino a empeorar todo en materia social, de salud y seguridad integral. Pues según un “pronóstico del banco mundial, los efectos de la pandemia de COVID-19, se calcula que ésta empujó entre 88 y 115 millones más de personas a la pobreza extrema, por lo que el total se situará entre 703 y 729 millones de pobres en el mundo.

Los políticos tenemos un gran reto para lograr que los derechos humanos sean garantizados para toda la ciudadanía, en especial para las poblaciones prioritarias. Por lo que debemos seguir legislando para erradicar las brechas de desigualdad.

Es importante repensar el tema de la gobernanza, desde la necesidad y viabilidad de gobiernos, instituciones y sistemas de acceso a la justicia en igualdad de condiciones. La garantía de que los derechos humanos sean protegidos en todos los niveles y sectores de la sociedad de manera sostenida y congruente dependen del desarrollo y consolidación de una ciudadanía plena, así como de una democracia participativa, efectiva y una ciudadanía bien informada, capaz de incidir en acciones concretas en favor de los mismos.

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lunes, 22 de mayo de 2023


EL FUTURO ECONÓMICO POSTCOVID

Según el INEGI y hasta el 19 de julio de 2022 se tenían registradas 326,523 defunciones por COVID-19, según el informe técnico de la Secretaría de Salud Federal. Huellas que nos pasarán factura, por lo menos las próximas décadas, por la cantidad de personas fallecidas, así como con especial énfasis los negocios que cerraron, que se suman a la inflación de 8.16% de la primera quincena de julio. Dejando estragos en la forma en la que miles de mexicanos obtienen sus ingresos, así como en cómo lo gastan y con especial énfasis en los sectores mas vulnerables de la sociedad.

Sumado a esto, el propio Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, señaló “El COVID-19 no será la última pandemia a la que deba enfrentarse la humanidad. Las enfermedades infecciosas siguen siendo un peligro que acecha a todos los países”, evidenciando que, si bien el COVID en su variante del 2019 está poco a poco dejando de ser una emergencia global, la historia puede y va a repetirse, siendo solo cuestión de tiempo.

Uno de estos casos, que tomó relevancia dado el aumento de contagios de una manera repentina, es la llamada Viruela del Mono, también llamada Viruela Símica o en inglés llamada Monekypox, que ha registrado hasta el 23 de julio al menos 16 mil 500 casos en 74 países, con una tasa de letalidad de 3% a 6%, y que a pesar de presentarse habitualmente en África central y occidental causó tal alarma que incluso la Casa Blanca de los Estados Unidos de América el 28 de junio de 2022 comenzó una campaña nacional de vacunación.

Frente a este caso específico de la viruela del mono, señalé la urgencia mediante un punto de acuerdo para fortalecer los mecanismos de prevención, de combate y de trabajo en conjunto en temas de emergencia sanitaria, pues es esencial trabajar todos de forma coordinada para reducir las afectaciones que pueden ocurrir no solo en temas sociales, sino también económicos.

Estos escenarios, ponen responsabilidad a las instituciones de salud, pero también a las instituciones que promueven el desarrollo y el trabajo en el ámbito económico, pues la salud de las personas es un tema fundamental, pero al mismo tiempo la forma en cómo las familias obtienen sus ingresos y su modo de subsistencia toman relevancia, cuando a los habitantes de la capital les alcanza para menos día con día.

Es inaceptable no aprender de la pandemia de COVID-19, en tanto mecanismos de prevención, y de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, con las empresas y la sociedad civil organizada, para reducir las afectaciones humanas y económicas de pandemias que dejarán de ser ocasionales, dado el deterioro medio ambiental y las exigencias humanas que año tras año ponen una gran carga sobre las áreas naturales.

Estamos a contrarreloj del próximo evento natural que nos obligue a cambiar nuestras vidas como ocurrió con COVID-19, por lo cual y hablando ya específicamente de desarrollo económico, es necesario el compromiso por construir un andamiaje blindado para los sectores mas golpeados por la pandemia, para estar preparados para los problemas por venir.

Mi trabajo legislativo ya ha evidenciado mi preocupación en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el de las cooperativas y con especial énfasis en los no asalariados, proponiendo marcos legales innovadores y renovados, para identificar huecos, pero también potencialidades.

Pero al mismo tiempo se vuelve fundamental abrir el diálogo y aprender de buenas prácticas, así como de recomendaciones empresariales y de la sociedad civil organizada, para identificar mecanismos que beneficien a todos y que ejemplifiquen la ciudad que queremos construir, teniendo en cuenta los grandes retos que vienen en los próximos años.

Acerca de la Autora

Esther Silvia Sánchez Barrios es activista y defensora de los derechos ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular en la Ciudad de México.

 

miércoles, 29 de marzo de 2023


LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO OTRA ASIGNATURA PENDIENTE

Por Esther Silvia Sánchez Barrios, Diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la CDMX.

La situación por la que actualmente atraviesa la Ciudad de México es el resultado combinado de la grave pandemia del COVID-19 que afectó a la sociedad en su conjunto y de la creciente inestabilidad económica y financiera a nivel internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo anterior, han generado una crisis inflacionaria a nivel mundial lo que representa uno de los temas más inquietantes de los últimos tiempos. Es por ello que se afirma frecuentemente que la inflación impacta sobre todo a aquellos grupos que se encuentran en situación de precariedad, es decir, a los más pobres. El deterioro del poder adquisitivo de las familias, en especial de los sectores sociales que son más vulnerables, obliga a seguir trabajando para construir una sociedad solidaria e incluyente.

Frente a la difícil situación que muchas familias enfrentan, miles de personas han optado por el trabajo en la vía pública configurando lo que muchos consideran despectivamente, el “sector informal de la economía”. Esta percepción afecta en especial a los sectores poblacionales que tienen pocas calificaciones profesionales para competir por mejores puestos de trabajo. Este es el caso de 16 millones de personas que actualmente se catalogan como ocupados en el sector informal en todo el país, de acuerdo con lo reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En otras palabras, gran parte del reciente empleo que reportan las diferentes encuestas nacionales se observa en el sector del comercio popular. Son empleos que no han sido dados de alta como negocios o actividades reguladas, y por lo tanto son individuos a quienes no se les reconocen plenamente sus derechos laborales. Hablamos de 16 millones de personas en todo el país que viven del autoempleo y que históricamente han sido criminalizadas afectando sus derechos humanos reconocidos en nuestros ordenamientos constitucionales.

Recordemos que hace algunos años el sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin en su obra “El Final del Trabajo” se refería a al profundo impacto que han producido la tecnología y las innovaciones científicas en la economía y el trabajo. Sostiene que las cifras de desempleo a nivel mundial actualmente son mayores que todas las anteriormente conocidas y que el número de personas subempleadas o que carecen de trabajo está creciendo a un ritmo vertiginoso. Su conclusión pesimista es que la gran mayoría de los trabajos van a desaparecer para no volver nunca jamás, de manera que el mundo económico acabará polarizándose entre dos fuerzas irreconciliables: una élite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología, y un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y escasas esperanzas de poder conseguir empleos estables y bien remunerados.

Frente a estos escenarios, debemos reconocer que el comercio popular es una de estas actividades que representan una alternativa de subsistencia -aunque siempre criminalizada y estigmatizada- y que muchas veces es la única fuente de ingreso para miles de familias y en especial para las mujeres de los estratos sociales más vulnerables que conviven además con la violencia familiar. El proceso histórico democrático a nivel mundial, nos está llevando a entender que el papel del gobierno y las instituciones es el de proteger todas las fuentes de ingreso, y que cuando el Estado es incapaz de brindar un trabajo al que todos deberíamos poder acceder, es necesario permitir el despliegue de las potencialidades económicas de las personas y de los grupos sociales.

El Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), representa un primer acercamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México para resolver la problemática del desempleo. A pesar de las múltiples denuncias por ineficiencias o resistencias de los servidores públicos para atender las peticiones ciudadanas, considero que este es un sistema capaz de ayudar a encontrar soluciones a la problemática enunciada. Es fundamental en un Estado Social y Democrático de Derecho, dotar de garantías y obligaciones a los diferentes sectores de la economía, para proteger a los ciudadanos del llamado del crimen organizado y de la corrupción, así como para contribuir a que la sociedad sea capaz de reconocer que estos sectores cumplen con diferentes responsabilidades a nivel legal, social y económico. No podemos permitirnos mantener a millones de ciudadanos en un área gris de la economía, cuando solo se necesita voluntad política para transitar a un modelo de desarrollo social y solidario que dé certeza a los ciudadanos.

Mi trabajo legislativo es el resultado de una prolongada lucha para evidenciar las problemáticas económicas y sociales que siguen existiendo, afectando a miles de personas que muchas veces son consideradas culpables solamente por buscar sustento para sus familias. Por ello es que considero necesario reforzar el marco legal e institucional para reconocer la existencia de estas ciudadanas y ciudadanos. Estoy segura de que la Ciudad de México, está preparada para, con un enfoque innovador, crear un marco legal digno, con derechos y obligaciones para los comerciantes que por años han sido tratados como ciudadanos de segunda clase.

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miércoles, 23 de noviembre de 2022


EL FUTURO ECONÓMICO POSTCOVID

Por Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios

El COVID-19, nos ha dejado cerca de 1.6 millones de negocios cerrados de octubre de 2020 a julio de 2021 en todo México, según el INEGI y hasta el 19 de julio de 2022 se tenían registradas 326,523 defunciones, según el informe técnico de la Secretaría de Salud Federal.

Huellas que nos pasarán factura, por lo menos las próximas décadas, por la cantidad de personas fallecidas, así como con especial énfasis los negocios que cerraron, que se suman a la inflación de 8.16% de la primera quincena de julio. Dejando estragos en la forma en la que miles de mexicanos obtienen sus ingresos, así como en cómo lo gastan y con especial énfasis en los sectores mas vulnerables de la sociedad.

Sumado a esto, el propio Secretario General de las Naciones Unidas António Guterres, señaló “El COVID-19 no será la última pandemia a la que deba enfrentarse la humanidad. Las enfermedades infecciosas siguen siendo un peligro que acecha a todos los países”, evidenciando que, si bien el COVID en su variante del 2019 está poco a poco dejando de ser una emergencia global, la historia puede y va a repetirse, siendo solo cuestión de tiempo.

Uno de estos casos, que tomó relevancia dado el aumento de contagios de una manera repentina, es la llamada Viruela del Mono, también llamada Viruela Símica o en inglés llamada Monkeypox, que ha registrado hasta el 23 de julio al menos 16 mil 500 casos en 74 países, con una tasa de letalidad de 3% a 6%, y que a pesar de presentarse habitualmente en África central y occidental causó tal alarma que incluso la Casa Blanca de los Estados Unidos de América el 28 de junio de 2022 comenzó una campaña nacional de vacunación.

Frente a este caso específico de la viruela del mono, señalé la urgencia mediante un punto de acuerdo para fortalecer los mecanismos de prevención, de combate y de trabajo en conjunto en temas de emergencia sanitaria, pues es esencial trabajar todos de forma coordinada para reducir las afectaciones que pueden ocurrir no solo en temas sociales, sino también económicos.

Estos escenarios, ponen responsabilidad a las instituciones de salud, pero también a las instituciones que promueven el desarrollo y el trabajo en el ámbito económico, pues la salud de las personas es un tema fundamental, pero al mismo tiempo la forma en cómo las familias obtienen sus ingresos y su modo de subsistencia toman relevancia, cuando a los habitantes de la capital les alcanza para menos día con día.

Es inaceptable no aprender de la pandemia de COVID-19, en tanto mecanismos de prevención, y de coordinación entre diferentes niveles de gobierno, con las empresas y la sociedad civil organizada, para reducir las afectaciones humanas y económicas de pandemias que dejarán de ser ocasionales, dado el deterioro medio ambiental y las exigencias humanas que año tras año ponen una gran carga sobre las áreas naturales.

Estamos a contrarreloj del próximo evento natural que nos obligue a cambiar nuestras vidas como ocurrió con COVID-19, por lo cual y hablando ya específicamente de desarrollo económico, es necesario el compromiso por construir un andamiaje blindado para los sectores mas golpeados por la pandemia, para estar preparados para los problemas por venir.

Mi trabajo legislativo ya ha evidenciado mi preocupación en el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas, en el de las cooperativas y con especial énfasis en los no asalariados, proponiendo marcos legales innovadores y renovados, para identificar huecos, pero también potencialidades.

Pero al mismo tiempo se vuelve fundamental abrir el diálogo y aprender de buenas prácticas, así como de recomendaciones empresariales y de la sociedad civil organizada, para identificar mecanismos que beneficien a todos y que ejemplifiquen la ciudad que queremos construir, teniendo en cuenta los grandes retos que vienen en los próximos años.

Acerca de la Autora

Esther Silvia Sánchez Barrios es activista y defensora de los derechos ciudadanos en la Alcaldía Cuauhtémoc y lideresa del comercio popular en la Ciudad de México.