LAS TRANSFORMACIONES DEL TRABAJO OTRA ASIGNATURA PENDIENTE

Por Esther Silvia Sánchez Barrios, Diputada e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso de la CDMX.

La situación por la que actualmente atraviesa la Ciudad de México es el resultado combinado de la grave pandemia del COVID-19 que afectó a la sociedad en su conjunto y de la creciente inestabilidad económica y financiera a nivel internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo anterior, han generado una crisis inflacionaria a nivel mundial lo que representa uno de los temas más inquietantes de los últimos tiempos. Es por ello que se afirma frecuentemente que la inflación impacta sobre todo a aquellos grupos que se encuentran en situación de precariedad, es decir, a los más pobres. El deterioro del poder adquisitivo de las familias, en especial de los sectores sociales que son más vulnerables, obliga a seguir trabajando para construir una sociedad solidaria e incluyente.

Frente a la difícil situación que muchas familias enfrentan, miles de personas han optado por el trabajo en la vía pública configurando lo que muchos consideran despectivamente, el “sector informal de la economía”. Esta percepción afecta en especial a los sectores poblacionales que tienen pocas calificaciones profesionales para competir por mejores puestos de trabajo. Este es el caso de 16 millones de personas que actualmente se catalogan como ocupados en el sector informal en todo el país, de acuerdo con lo reportado en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, presentada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En otras palabras, gran parte del reciente empleo que reportan las diferentes encuestas nacionales se observa en el sector del comercio popular. Son empleos que no han sido dados de alta como negocios o actividades reguladas, y por lo tanto son individuos a quienes no se les reconocen plenamente sus derechos laborales. Hablamos de 16 millones de personas en todo el país que viven del autoempleo y que históricamente han sido criminalizadas afectando sus derechos humanos reconocidos en nuestros ordenamientos constitucionales.

Recordemos que hace algunos años el sociólogo norteamericano Jeremy Rifkin en su obra “El Final del Trabajo” se refería a al profundo impacto que han producido la tecnología y las innovaciones científicas en la economía y el trabajo. Sostiene que las cifras de desempleo a nivel mundial actualmente son mayores que todas las anteriormente conocidas y que el número de personas subempleadas o que carecen de trabajo está creciendo a un ritmo vertiginoso. Su conclusión pesimista es que la gran mayoría de los trabajos van a desaparecer para no volver nunca jamás, de manera que el mundo económico acabará polarizándose entre dos fuerzas irreconciliables: una élite bien informada que controlará y gestionará la economía global de alta tecnología, y un creciente número de trabajadores permanentemente desplazados, con pocas perspectivas de futuro y escasas esperanzas de poder conseguir empleos estables y bien remunerados.

Frente a estos escenarios, debemos reconocer que el comercio popular es una de estas actividades que representan una alternativa de subsistencia -aunque siempre criminalizada y estigmatizada- y que muchas veces es la única fuente de ingreso para miles de familias y en especial para las mujeres de los estratos sociales más vulnerables que conviven además con la violencia familiar. El proceso histórico democrático a nivel mundial, nos está llevando a entender que el papel del gobierno y las instituciones es el de proteger todas las fuentes de ingreso, y que cuando el Estado es incapaz de brindar un trabajo al que todos deberíamos poder acceder, es necesario permitir el despliegue de las potencialidades económicas de las personas y de los grupos sociales.

El Sistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), representa un primer acercamiento por parte del Gobierno de la Ciudad de México para resolver la problemática del desempleo. A pesar de las múltiples denuncias por ineficiencias o resistencias de los servidores públicos para atender las peticiones ciudadanas, considero que este es un sistema capaz de ayudar a encontrar soluciones a la problemática enunciada. Es fundamental en un Estado Social y Democrático de Derecho, dotar de garantías y obligaciones a los diferentes sectores de la economía, para proteger a los ciudadanos del llamado del crimen organizado y de la corrupción, así como para contribuir a que la sociedad sea capaz de reconocer que estos sectores cumplen con diferentes responsabilidades a nivel legal, social y económico. No podemos permitirnos mantener a millones de ciudadanos en un área gris de la economía, cuando solo se necesita voluntad política para transitar a un modelo de desarrollo social y solidario que dé certeza a los ciudadanos.

Mi trabajo legislativo es el resultado de una prolongada lucha para evidenciar las problemáticas económicas y sociales que siguen existiendo, afectando a miles de personas que muchas veces son consideradas culpables solamente por buscar sustento para sus familias. Por ello es que considero necesario reforzar el marco legal e institucional para reconocer la existencia de estas ciudadanas y ciudadanos. Estoy segura de que la Ciudad de México, está preparada para, con un enfoque innovador, crear un marco legal digno, con derechos y obligaciones para los comerciantes que por años han sido tratados como ciudadanos de segunda clase.

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