EMBESTIDA A MINISTROS

Por Diputado Jorge Romero Herrera, Coordinador del GPPAN

Y nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien enmienda la plana al oficialismo en el Poder Legislativo; resolviendo en su sesión del 18 de abril,  por mayoría de votos —ocho de 11 magistrados— la invalidez del traspaso operativo y administrativo de la GN a Sedena y, con ello, todo el paquete de cambios a leyes secundarias que acompañaron esta iniciativa, declarando esta reforma.

Y nuevamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es quien enmienda la plana al oficialismo en el Poder Legislativo; resolviendo en su sesión del 18 de abril,  por mayoría de votos —ocho de 11 magistrados— la invalidez del traspaso operativo y administrativo de la GN a Sedena y, con ello, todo el paquete de cambios a leyes secundarias que acompañaron esta iniciativa, declarando esta reforma violatoria al artículo 21 constitucional, que establece el carácter civil que debe regir a esta institución.

De acuerdo con información publicada por la SCJN, el pleno de la corte determinó que sea hasta el 1o de enero del 2024 cuando surta efecto la transferencia del control, administrativo, presupuestal y operativo de la GN de la Sedena a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para cuidar así la correcta funcionalidad de la corporación. Además, señala que se invalida también la facultad del titular de Sedena para proponer el nombramiento del titular de la Comandancia de la GN; así como el régimen diferenciado del personal de la GN que proviene de la Policía Militar, quienes conservan su fuero militar para algunos delitos.

Lo anterior causó el enojo del Presidente, quien fiel a su costumbre, primero reviró instruyendo a la titular de la SSPC a no cambiar al mando castrense y mantener los sueldos, salarios, prestaciones sociales y derechos de los integrantes de la GN intactos; posteriormente, culpó a los ocho magistrados de querer negociar el traspaso “en lo oscurito”, descalificando su actuar y provocando nuevamente el “linchamiento” social de la ministra Norma Piña.

En los últimos días, grupos de personas ligadas al oficialismo, se han apostado a las puertas de la SCJN manifestándose y agrediendo a los ministros que votaron en contra del traspaso de la GN; y en redes sociales se han detectado a diversos funcionarios de gobierno —incluso un gobernador— externando muestras de apoyo hacia estos grupos. Lo cual, sin duda, alienta dichas manifestaciones de odio.

Y es que ya lo hemos señalado antes, el actual gobierno ha impulsado una militarización sin precedentes, en todos los aspectos de la vida pública; desde la construcción de obra pública, la educación, la salud, la administración de servicios —el más reciente una empresa aérea—, y, por supuesto, la seguridad pública en el país, en detrimento de la pérdida de confianza ante la ciudadanía. Siendo que el Ejército era una de las instituciones mejor calificadas.

En diversas ocasiones hemos exigido que se corrija el rumbo en esta materia, y que, como cualquier país democrático en el mundo, México tenga una Policía Nacional civil, sometida a controles y fiscsalización.

Asimismo, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara ha presentado un conjunto de iniciativas para fortalecer a todas las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los que destaca el fortalecimiento de las corporaciones policiacas civiles.

En Acción Nacional, como bien lo expresó nuestro presidente nacional, celebramos esta “resolución histórica” y me uno a la felicitación a los ministros por su independencia e imparcialidad. Esta resolución nos trae “vientos de esperanza” en la lucha contra el autoritarismo rampante del Ejecutivo. Y exigimos al oficialismo frene su política de descalificación hacia aquellos que no coincidan o aplaudan sus ocurrencias. Ustedes no están solos.

Cuentan con nuestro Grupo Parlamentario y cuentan con el PAN para seguir defendiendo a México del autoritarismo de Morena y a favor de la separación de poderes, de nuestra integridad y nuestra Constitución, de modo que sigamos viviendo en un país de libertades y contrapesos democráticos.

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