LA HOMOLOGACIÓN DE LA LEGISLACIÓN Y PROSPECTIVA DE LA
SEGURIDAD PRIVADA
Por Mtro. Teodoro A. Serralde Medina
En México contamos con una regulación difusa de los
prestadores de seguridad privada, con un marco constitucional no muy claro, en
cuanto a si forman parte o no del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con
bases de coordinación que no son claras en la distribución de competencias y
una serie de legislaciones o reglamentos que regulan al sector de seguridad
privada, sin que haya criterios que homologuen los requisitos de autorización,
los procedimientos de verificación y sanción, así como la información que deben
contener los registros estatales de seguridad privada.
Asimismo, encontramos una multiplicidad de procedimientos de
autorización y de registro de personal y equipo que se utiliza en la prestación
de los servicios de seguridad privada, sin que se pueda integrar en una sola
base de datos que permita tener una certeza sobre el número real de prestadores
de servicios en todo el país.
En este mismo sentido, hay problemáticas en cuanto a cómo
definir el carácter auxiliar de los prestadores de servicios, de qué manera
aportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública y bajo que régimen de certeza
jurídica deben cumplir con los principios y obligaciones de actuación,
similares a las instituciones de seguridad pública, que permita proporcionar el
mejor servicio en beneficio de los usuarios de estos servicios.
Es necesario preguntarnos ¿las autoridades de seguridad
pública deben intervenir en la operación o estrategia que tienen las empresas
de seguridad privada para prestar servicios? ¿La regulación de los servicios de
seguridad privada implica que en cualquier momento las autoridades puedan
disponer de los recursos humanos, materiales y tecnológicos? La respuesta a
estos cuestionamientos deriva hasta donde es factible la prestación de los
servicios de seguridad privada, si solo puede ser para efectos privados o
también es posible que vigile instalaciones estratégicas del estado o espacios
públicos.
Asimismo, la prestación de estos servicios se ve impactada
por las condiciones laborales que le otorgan los titulares al personal
operativo, y que en algunos casos las propias dependencias del estado castigan
al contratar servicios por debajo del precio del mercado.
La respuesta a los puntos planteados puede resolverse con
una Ley General de Seguridad Privada, que permita homologar procedimientos,
requisitos, criterios y registros de los prestadores de servicios. Es necesario
que se pueda crear un Sistema Nacional de Regulación de los Servicios de
Seguridad Privada, en el cual participen los reguladores federal y estatal, las
principales asociaciones de seguridad privada y hasta los usuarios de los
servicios.
Un sistema nacional de regulación permitiría evitar la
multiplicidad de procesos de regulación, de integrar información en un único
registro nacional y de que se establezcan criterios claros de los requisitos,
documentos e información a requerir para otorgar la autorización; asimismo,
permitiría enfocar los esfuerzos de regulación para que aquellas empresas no
registradas se detecten y se regularicen.
La información obtenida sería real y acorde a la dinámica
del sector, estableciendo procedimientos electrónicos que faciliten la
inscripción del personal y del equipo, para poder hacer un análisis de la
información que sirva para estrategias de seguridad. Asimismo, que permita
obtener información de datos criminalísticos derivados o relacionados con la
prestación de los servicios de seguridad privada.
Se debe pasar de ser un trámite ante autoridades
administra-tivas a una verdadera regulación de los servicios que aporten al
Sistema Nacional de Seguridad Privada, en donde ser un elemento operativo o
prestador de servicios, dependiendo su modalidad, sea profesional, eficaz y
eficiente, con un desarrollo profesional y personal adecuado que impacte en la
calidad de los servicios que reciban los usuarios.
Sin duda alguna, el sector de servicios de seguridad privada
requiere un marco jurídico moderno que le permita a los particulares prestar
sus servicios con certeza y que aporten al Sistema Nacional de Seguridad
Pública, siendo beneficiados los usuarios finales.
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