VIDEOVIGILANCIA Y ALARMAS: PREVENCIÓN DEL DELITO Y
TECNOLOGÍA
El uso de tecnología en materia de seguridad ciudadana es
una práctica cada vez más aceptada y utilizada en México. En el país se
invierten elevadas sumas del presupuesto público en la adquisición de estos
productos que se consideran “eficaces” y menos intrusivos, sin embargo, aún no
se cuenta con evaluaciones que permitan conocer sus diferentes efectos, tanto
positivos como negativos, y ni siquiera se conoce con certeza la prevalencia de
este tipo de tecnologías.
Paralelamente, los hogares mexicanos ante la inseguridad y
el temor a ser víctimas del delito recurren a diferentes medidas de protección
entre las que se encuentra el uso de la tecnología. Existen diferentes motivos
por los cuales las familias deciden invertir en medidas de protección para sus
propios hogares. Al respecto, uno de los principales cuestionamientos es si se
invierte en éstas como una medida preventiva, o como una medida reactiva cuando
alguno de los miembros del hogar ha sido víctima del delito.
En el caso de la inversión que proviene de los particulares
para proteger sus propios hogares, cuando la sociedad crea conciencia sobre los
problemas de inseguridad que se manifiestan en su entorno, el instinto de
protección a la familia es inminente e intenta resguardar el ámbito familiar.
Este “instinto de protección” se manifiesta en los hogares mexicanos de
diferentes formas.
En los hogares el miedo que las personas sienten a ser
víctimas de la violencia o delincuencia es tal que se ven en la necesidad de
hacer algo para protegerse individual y familiarmente. En algunos casos se
trata de acciones que podrían calificarse como positivas, pero también hay
algunas medidas que generan efectos negativos.
Una alarma es un mecanismo que es activado ante la presencia
de riesgo o peligro para alertar a los vecinos, usuarios o incluso a la
autoridad de una determinada zona. Existen diferentes tipos de alarmas, en la
Ciudad de México, por ejemplo, se han instalado los “botones de auxilio” que se
definen como “un intercomunicador de contacto directo con los C2, se ubican en
los postes de diversas cámaras de videovigilancia y deben ser presionados por
las y los ciudadanos que requieran el apoyo inmediato de algún servicio de
emergencia. Quien presiona el botón es atendido y su reporte es canalizado de
manera inmediata a los cuerpos de emergencia. En este caso las cámaras de
videovigilancia y las alarmas están físicamente en el mismo espacio y a su vez
conectadas a los Centros de Comando y Control.
También existen las alarmas vecinales financiadas con
recursos públicos que se han instalado en los hogares con la autorización de
los residentes y pueden ser activadas desde el interior de la vivienda para
alertar situaciones de riesgo o peligro. En el caso de las cámaras de
videovigilancia, numerosos equipos se han instalado con recursos públicos, pero
solicitadas directamente por la ciudadanía a través del programa de presupuesto
participativo que se ejerce en la Ciudad de México.
También existen cámaras y alarmas financiadas e instaladas
directamente por los particulares. En algunos casos, la operación de éstas
depende de un tercero, a quien se le paga por un servicio que incluye el
monitoreo y eventual atención de las emergencias o peligros detectados a través
de las imágenes de las cámaras o la activación de las alarmas.
Detrás del auge de la instalación de las cámaras de
videovigilancia, tanto públicas como privadas, hay un profundo razonamiento
teórico que explica la potencialidad de la videovigilancia como política
pública para la reducción y prevención de la criminalidad, que proviene
fundamentalmente del urbanismo.
La instalación de cámaras de videovigilancia y alarmas,
aunque se coloquen al interior de los hogares, en la mayoría de los casos están
dirigidas hacia la vía pública, vulnerando el derecho a la privacidad de los
vecinos y transeúntes. Al respecto, es importante señalar que en México se ha
hecho muy poco para regular la instalación de cámaras por parte de privados, lo
que implica que los datos que son captados pueden ser usados por particulares
para los fines que a ellos convengan y no existe una protección de las imágenes
de las personas que son grabadas.
La inversión en cámaras de videovigilancia y alarmas no está
entre las primeras opciones de protección para los hogares mexicanos. Entre las
diferentes medidas de prevención que se indagaron en la ENVIPE 2017, destaca
que en primer y segundo lugar se encuentran las medidas relacionadas con
“cambiar, colocar o reforzar cerraduras y/o candados” y “cambiar o reforzar
puertas o ventanas” que respectivamente representan 27.5% y 22.5% de los
hogares. La instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia se ubica en
el sexto lugar con 3.5% después de otras medidas como “colocar o reforzar rejas
o bardas”, “realizar acciones conjuntas con sus vecinos” o “comprar un perro
guardián”.
Sin embargo, en comparación con otras opciones de prevención
en los hogares, la instalación de alarmas y/o videocámaras de vigilancia
registra porcentajes más elevados. Está por encima de medidas como “contratar
vigilancia privada en la calle o colonia” o “contratar seguros” que implica un
gasto permanente y sistemático para los hogares que en el tiempo puede ser
mucho más alto que la inversión en una videocámara o alarma. De igual forma se
observa que está por arriba de los hogares que decidieron “adquirir armas de
fuego”, si bien el porcentaje de esta medida es de apenas 0.7% es preocupante,
sobre todo por la gran cantidad de homicidios dolosos que se registran con arma
de fuego.
En el caso particular de la Ciudad de México, que es la
entidad en la que mayor porcentaje de hogares refiere haber invertido en
cámaras de videovigilancia y alarmas, es importante enfatizar que esta
demarcación fue la pionera en México en implementar con recursos públicos un
programa de despliegue tecnológico en materia de prevención del delito. Concretamente en 2009 se inició el Proyecto Bicentenario
Ciudad Segura cuyo objetivo se definió como “proveer sensores, comando, control
y responder con las capacidades necesarias para intervenir masivamente en
contra del crimen, así como mejorar la habilidad del gobierno de la Ciudad de
México para responder eficiente y eficazmente a las crisis”.
Como parte del proyecto se consideró inicialmente la
instalación de más de 8 mil STV´s, o sistemas tecnológicos de videovigilancia,
conectados a una red primaria o anillo de fibra óptica implementada dentro del
proyecto, usando los adelantos existentes en el mercado de las nuevas
tecnologías de las comunicaciones y telecomunicaciones.
Actualmente, como parte de este proyecto, se han instalado
en la vía pública de la Ciudad de México más de 15 mil cámaras de vigilancia,
así como 6 mil instaladas en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, con la
finalidad de prevenir y alertar inmediatamente a las autoridades de
seguridad y de emergencias capitalinas sobre cualquier situación de riesgo.
Asimismo, con recursos del Presupuesto Participativo, más de 300 colonias de la
ciudad decidieron implementar proyectos relacionados con la instalación o
mantenimiento de cámaras de videovigilancia.
No obstante, de la implementación de medidas de prevención
con el uso de tecnología que son financiadas con recursos públicos, la Ciudad
de México ocupa el primer lugar a nivel nacional de hogares que decidieron
invertir en cámaras de videovigilancia y alarmas. En suma, uno de cada diez
hogares de la ciudad coincidió en esta decisión.
Por otra parte, la teoría de la victimización refiere que
haber sido víctima del delito, o que una persona conocida haya sido víctima,
incide en la sensación de inseguridad. Asimismo, se ha referido que una de las
razones por las que en los hogares se invierte en medidas de protección es
porque han sido víctimas del delito y lo que se pretende es reducir la
probabilidad de volver a serlo, es decir es una reacción ante la victimización.
De acuerdo con los resultados de la ENVIPE 2017, en promedio
el 28.8% de las personas en México fueron víctimas de al menos un delito, lo
que equivale a aproximadamente a 24 millones de casos, en algunas entidades el
porcentaje es mucho mayor, destacando el Estado de México con 47.6% de
víctimas. Del total de las personas que fueron víctimas a nivel nacional, el
33.9% ocurrió en la casa.
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