martes, 21 de noviembre de 2017

JUAN ANTONIO ARÁMBULA MARTÍNEZ

Xtrem Secure conversó en exclusiva con el Director General de Seguridad Privada de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación; Lic. Juan Antonio Arámbula Martínez quien nos habla sobre el departamento a su cargo, la actual situación de la de seguridad privada y sus empresarios.

     El departamento que llevamos se trata de una Dirección General de Seguridad Privada adscrita a la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada de la oficina del comisionado, el titular de la unidad es el Maestro Luis Esteban Islas Basilio. La misión primordial de la dirección es llevar el registro y la regulación de las empresas de seguridad privada federales en el país, es decir aquellas que operan en dos o más entidades federativas.

     Hasta la fecha se tienen contabilizadas poco más de 1,400 empresas de nivel federal en diversas modalidades, pero la información debe actualizarse después de los lamentables incidentes registrados en septiembre pasado (los sismos).


     El universo de empresas de seguridad privada en la CDMX, es aproximadamente entre 1,500 esto varía ya que unas surgen y otras se dan de baja. Cada entidad federativa cuenta con sus unidades de registro y tenemos comunicación y coordinación constante lo que  permite tener un mapa más acertado y preciso de lo que se atiende en materia de seguridad privada, a diferencia de hace 5 ó  6 años cuando todo era especulación. 

     Hablar de un aumento de la industria de la seguridad privada es relativo, relacionarlo con el incremento del número de empresas no arroja ninguna certeza ya que el número de activos puede no incrementarse. 

     La seguridad privada ya no sólo es un tema de guardias, en la actualidad hay otras modalidades que surgen, nuevos empresarios ante la necesidad, crean empresas que ofrecen servicio de blindaje automotriz, blindaje arquitectónico, monitoreo de señal satelital para mercancía en ruta, por mencionar algunas; gran cantidad de actividades han enriquecido los nuevos empresarios de seguridad privada a este rubro y es indiscutible que ha evolucionado. 

     El desarrollo del país y las reformas estructurales en materia de comunicaciones, de energía y educativa han logrado que México entre en una dinámica de producción y de comercio importante que genera amplio campo de trabajo para las empresas proveedoras de servicios de seguridad en todas sus modalidades, en ese sentido sí hay un innegable crecimiento y amplio panorama para los empresarios de seguridad en México para que inviertan en esta actividad.

     En cuanto a la relación entre seguridad privada y pública hay dos aspectos: Uno, están ligadas íntimamente aunque su naturaleza sea distinta. La primera es preventiva y queda atribuida a la responsabilidad de los propios usuarios, ciudadanos, la industria, comercio y población; la segunda, es obligación del estado proveer tranquilidad para el desenvolvimiento del país.

     El aspecto número dos es que en los últimos cinco años se ha concebido una mayor coordinación entre ambos mundos. Las reuniones entre gobierno federal, estatal, municipal, proveedores de servicios de seguridad privada y usuarios se han sostenido en exposiciones, ferias, juntas y congresos, han funcionado para compartir puntos de vista operativos, administrativos y de revisión del marco legal existente.  Se han generado coincidencias y avances en busca de soluciones o propuestas firmes que desemboquen en soluciones definitivas.

     En cuanto al proyecto de reformar la Ley Federal vigente este es producto de dos factores: 1) la reflexión sobre el tema qué es deseable para los usuarios, ciudadanos y es obligación del estado otorgar mayor certeza  jurídica  para la activación. 2) las nuevas condiciones del país en el entorno mundial hacen que la industria requiera de una legislación más moderna (la ley actual tiene más de diez años) y es opinión de nuestros mandos que participemos en conjunto con el sector privado en reflexiones, estudios  y debates sobre cómo debe ser la nueva ley  para que el sector tenga  un alcance nacional que permita condiciones de mayor certeza jurídica y  elimine efectivamente las irregularidades que continúan  presentes.

     En el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública del 31 de agosto de 2016 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 septiembre, el consejo mandata la búsqueda de factores de homologación para una nueva regulación en la materia. Es un contenido obligatorio y administrativo de mayor rango que se ha venido cumpliendo estableciendo las bases de coordinación a través de reuniones con los reguladores regionales de todo el país y con secretarios de seguridad pública para llegar al punto de la homologación, la mayor certeza jurídica para que  el Estado sea más eficiente en cumplir con su función. 

     Para terminar, cumplir con las instrucciones derivadas de las obligaciones que nos imponen las leyes y reglamentos, generar dinamismo, mayores  oportunidades de empleo, la regularización de la actividad (seguridad privada), el avance hacia nuevas condiciones de aprovechamiento de las tecnologías, eliminar la tramitología innecesaria y contribuir en el camino hacia un país más moderno es la misión  de todo servidor público.

     Hasta ahora los avances son innegables pero son también insuficientes; y es necesario reconocer que no hay actitud de conformismo, lo que hay es actitud de sentar las bases para que quién ocupe futuros cargos lo haga con una línea clara de desarrollo sin contaminación política y con provisión de soluciones, comentó Arámbula Martínez en mensaje para los empresarios de seguridad privada en México.


No hay comentarios:

Publicar un comentario